Montevideo, 28 de noviembre de 2020
AFUTU
Declaración sobre el documento Centros Educativos María Espínola
1. Se impone la lógica taxativa, puesto que no se consulta a los colectivos docentes nucleados en los sindicatos, ni tampoco a las ATD, a las que solo se informa. El consejero de CODICEN Juan Pérez, recibe el documento dos horas antes de su aprobación, sin poder estudiar el mismo.
2. Se construye un modelo de centros educativos a implementarse en 2021, lo que modifica las condiciones laborales, obviando la negociación colectiva.
3. Se impone la lógica de las reformas elaboradas por tecnócratas, donde nuevamente los actores fundamentales del acto educativo (trabajadores, docentes y estudiantes), no son consultados. En este proceso, los docentes son “convidados de piedra” considerados en los hechos, como meros ejecutores, producido por técnicos tras escritorios, que definen dónde, cómo, con quién y para quien se aplica un plan. La participación se reduce a la mera comunicación de lo resuelto, próximo a su aplicación (en diciembre ya se elegirían horas y cargos para estos centros).
4. El modelo de gestión de los centros propuestos es claramente gerencial, con conceptos como “resultados educativos” “evaluación de procesos” etc., propios de una lógica empresarial que pretende imponerse en los centros educativos, llevando a la práctica a través de este modelo, los cambios impuestos por la ley 19889 a la Ley de Educación.
5. Se crean cargos pretendidamente pedagógicos, cuyas tareas son de gerenciamiento, buscando resultados educativos que conformen a los organismos internacionales que promueven este modelo.
6. Se estimula a los docentes a elegir horas en estos centros, con estabilidad laboral, concentración de horas en un mismo centro y beneficios salariales, maquillando con ello la flexibilización laboral, la pérdida de derechos que implica la aceptación de nuevo marco normativo, y la afectación a la carrera docente que conlleva alterar el orden escalafonario.
Ninguno de los aspectos planteados garantiza la mejora en los aprendizajes, el sostenimiento y la culminación de ciclos educativos obligatorios por parte de los jóvenes. Si promueve los “resultados educativos” en consonancia con los organismos internacionales que promueven estos modelos. Se avanza en la lógica privatizadora, se fragmenta y compartimenta el sistema educativo, cercenando la visión colectiva de los docentes. Este modelo, similar a los liceos públicos de gestión privada que funcionan actualmente en Uruguay, permite que estos Centros María Espínola puedan eventualmente ser gestionados por actores privados, abriendo la puerta a la intervención de estos prestadores de servicios educativos a la educación pública.
El Estado debe garantizar la Educación como un Derecho Humano. Reclamamos autonomía y cogobierno para la Educación Pública Estatal y un presupuesto del 6+1% para ANEP y UdelaR.
Se vota por UNANIMIDAD. Esta declaración se difundirá en carteleras en las escuelas, página web y redes sociales. Será la postura del sindicato ante la CSEU y ANEP.
