La educación y la UTU que queremos

El modelo neoliberal imperante, su dependiente modelo educativo y los diversos medios de instrumentación de los mismos han generado y naturalizado nuevos conceptos como forma de afianzar su mercadocracia, donde todo puede ser medido y todo tiene precio, todo es comercializable, así aparecen nuevas figuras como “calidad de la educación”, “inversión”, “obtener resultados cuantificables”, que aportan en afianzar su visión economicista y consumista, donde la educación es un producto más del mercado, un servicio más que se brinda a la sociedad. Con esa lógica mercantilista hay una educación de alta calidad que se paga más (destinada a los ricos) y otra de menos calidad más barata (destinada a los pobres), corren las reglas del mercado como en cualquier servicio comercial.

Al ser concebida como un bien de consumo surgen “inversores privados” cuyo fin es obtener beneficios económicos por la prestación de un “servicio”. El modelo neoliberal imperante necesita habidos consumidores y el modelo educativo tiene la misión de formar ciudadanos acríticos, consumistas y personalistas, este el modelo que se desarrolla, en América Latina, fuertemente en la década de los noventa, sus consecuencias están presentes en los diferentes países americanos y es un proceso que no hemos sido capaces de revertir.

Un modelo educativo, alternativo al imperante, de corte popular y de cara a los intereses de la clase trabajadora, que aporte a construir una sociedad más justa y democrática, que aporte a un país productivo con justicia social y a más y mejor distribución de la riqueza, debería ser el objetivo primario de este XI Congreso, desde nuestra perspectiva.

La educación como derecho humano fundamental, fruto de las luchas populares, debe ser profundizada, defendida e impulsada desde la clase trabajadora en general y desde los trabajadores de la educación en particular. No es suficiente que se declare a la educación como un derecho humano fundamental para que la misma sea universal y realmente accesible a la sociedad toda.

Hemos definido como objetivo de la educación la formación integral del ser humano, en tanto ser social, político, económico y cultural, y que el proyecto educativo debe tener como principio rector la formación de personas críticas, reflexivas, autónomas, libres, solidarias, comprometidas con la igualdad social y protagonistas de la transformación democrática de la sociedad. Definiciones concordantes de los diversos colectivos docentes. Lograr un modelo que materialice y desarrolle estos objetivos, que supere al actual reproductor del sistema, es la tarea. Un modelo popular debe ser, necesariamente, democrático e implica la participación de todos los actores en la toma de decisiones (el cogobierno es parte fundamental del mismo).

Un modelo popular debe ser, necesariamente, nacional y atender a todo el territorio, ser accesible y brindar los mismos niveles de aprendizaje en todos los rincones del país, atendiendo sí a las diversas características del territorio. Un modelo popular debe ser, necesariamente, independiente del poder político de turno y de las decisiones económicas oportunistas, (la autonomía política, administrativa y financiera es entonces parte fundamental del mismo).

La formación integral de un ciudadano libre conlleva fortalecer los principios y valores que hacen a la convivencia democrática, transformar los paradigmas implica:

 educar desde la participación democrática de todos los actores involucrados.

  •   educar desde el trabajo liberador, creativo y productivo, superar la mera formación de mano de obra.
  •   educar desde la solidaridad con los semejantes, desde la colaboración e integración superadora del personalismo y egoísmo imperante, en la defensa de los derechos humanos.
  •   educar desde la vida sana, desde el arte y la cultura nacional.
  •   educar desde el pensamiento crítico, desde posiciones cuestionadoras, problematizadoras y analíticas de la realidad. Finalmente educar en o desde el trabajo, no es capacitar para el trabajo, debemos diferenciar entre el valor del trabajo, su rol social, su valor en cuanto aporte a la construcción del país y la sociedad, y la capacitación para una salida laboral. Proponemos:
    Discutir el proyecto de educación técnica y tecnológica, desde la perspectiva de los trabajadores de la educación técnica, para los hijos de la clase trabajadora. Debatir el aporte de este proyecto a la formación integral de un ciudadano crítico, libre, participativo y responsable de las transformaciones sociales. Analizar en ese contexto la coyuntura actual de la Institución en cuanto a la gestión administrativa, la descentralización, los campus, entre otros. Evaluar los diferentes planes y tipos de cursos (Capacitaciones, FPB 2007, CEC, CBT, RUMBO, etc. ) en relación a su pertinencia y real aporte a una formación integral en un modelo educativo popular y alternativo. Superar la actual situación de talleres e infraestructura y la situación precaria de la función docente de los Maestros Técnicos. Democratizar el proceso de elaboración de las propuestas educativas y su implementación (Planillado) desde la discusión y los acuerdos entre todos los integrantes de los centros educativos y la comunidad. A modo de síntesis El desarrollo de un modelo alternativo, desde nuestra perspectiva, debe comprender necesariamente los siguientes aspectos:
  1. Trabajar para la felicidad de los seres humanos, para ello se necesita capacidad crítica que nos haga verdaderamente libres. La libertad y la crítica se construyen colectivamente con profundos conocimientos y el ejercicio permanente de la convivencia democrática y solidaria para la justicia social.
  2. Para aprender estos valores humanos y el conocimiento generado por la humanidad, sin diferenciar el “saber pensar intelectual” del “saber hacer manual”, se requiere una estructura edilicia y condiciones educativas que permita un máximo de 25 alumnos por clase en los niveles de primaria y secundaria. Las condiciones educativas deben tener espacios adecuados: salones, talleres, laboratorios, bibliotecas, los materiales didácticos indispensables, comedores, gimnasios. Los centros educativos deberán ser de tiempo extendido teniendo exclusivo cuidado en que esos tiempos sean educativos y no que se transformen en depósitos de gurises de cualquier edad.
  1. La educación pública puede y debe incluir todas las etapas de la vida ya que se trata de brindar un derecho humano fundamental. Se debe, por tanto, incorporar a los niños desde la más tierna infancia y a los adultos en la formación continua y permanente.
  2. Requerir de equipos multidisciplinarios para abordar la formación integral de nuestros estudiantes; nivelaciones educativas para los estudiantes que estarán a cargo del docente del alumno; y espacios acordes de educación con profesionales formados en cada temática.
  3. Apuntamos a un modelo educativo que supere la separación entre el conocimiento teórico y el manual desde la educación inicial. (Educación politécnica integral). Es decir, una educación politécnica integra la investigación, la imaginación y el conocimiento teórico-científico.
  4. Necesitamos superar barreras instaladas desde la creación de los Consejos Desconcentrados, con el objetivo de universalizar la Educación Media politécnica e integral.
  5. Aprender sobre el mundo del trabajo trabajando y sobre la ciudadanía ejerciéndola. Para lo cual es necesario autonomía y cogobierno para la educación pública en todos sus niveles.
  6. Integración en el Cogobierno de todos y cada uno de los actores vinculados a la educación.
  7. Educar en solidaridad vinculando al “otro” que no ha sido incluido aún en las instituciones educativas y a los que ya han egresado. Para ello impulsamos una educación comunitaria que involucre en un trabajo en red a las familias de los alumnos, los actores sociales e instituciones públicas, cooperativas y sindicatos.
  8. Mejorar los logros en cuanto a aprendizajes requiere además elevar la profesión docente. Esto incluye mejoras salariales sustantivas y la formación permanente y en servicio de cada trabajador de la educación.
  9. Para este proceso resulta indispensable un piso mínimo del 6% del PBI para la ANEP y UdelaR con una fuerte inyección en los primeros años de gobierno. Para garantizar estos recursos indispensables debe dejar de pensarse sólo en el espacio fiscal y animarse a cobrar impuestos a los que más tienen.