Educación pública, la UTU y la educación técnica-tecnológica

0
129

«La Educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo.» Paulo Freire

El Congreso Julio Castro es una elaboración colectiva del pueblo uruguayo convocado a debatir sobre educación.  En su declaración final manifiesta:

 

“El Primer Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro, saluda al Pueblo Uruguayo por haberle conferido el honor y la responsabilidad de recoger y defender las propuestas que refieren a la Educación de los Ciudadanos”. “Esta instancia de democracia, inédita en nuestro país, es fruto de décadas de lucha y persistencia de nuestro pueblo, que hoy se reúne en un ejemplo de participación. La misma ha sido convocada oficialmente por el MEC, ANEP, UDELAR y organizada por la CODE. Sin duda marca el principio de un largo camino que estamos dispuestos a seguir con firmeza  responsabilidad. Nos hemos reunido más de 1200 ciudadanos, representantes de asambleas de vecinos, organizaciones sociales, estudiantes, colectivos de educadores y otros trabajadores de todos los ámbitos del país. La concreción de este Congreso pone de manifiesto  la importancia que los uruguayos le otorgamos a la Educación.

 

Nuestra identidad está fuertemente arraigada a una concepción de educación democrática y plural. Ésta, como todo hecho político, está signada por contradicciones y relaciones dinámicas. Constituye un elemento liberador y emancipatorio hoy enmarcado en un proyecto de profundización democrática, participativa, que desde la realidad concreta se propone formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos con la transformación de la realidad. El Congreso concibe la Educación como una práctica social responsable regida, entre otros, por los principios de laicidad, obligatoriedad, gratuidad, universalidad, participación, integralidad, autonomía y cogobierno. Un proceso cuya meta es la igualdad en la diversidad. La Educación es un Derecho Humano inalienable e irrenunciable. El Estado debe garantizar que todos los sujetos puedan acceder a ella durante toda su vida.

 

Concebimos como fines de la Educación Pública:

  • Formar personas libres, de espíritu reflexivo, capaces de comprender la realidad y de construir alternativas de vida digna, justa y solidaria.
  • Contribuir a la plena realización de seres humanos integrales apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades individuales y a su inclusión libre y responsable en la comunidad nacional y mundial.
  • Universalizar y democratizar el acceso y la producción del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario.

 

El nuevo Sistema Nacional de Educación público, estatal, autónomo y cogobernado, tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones para la concreción de estos principios y fines. Cuenta para ello con el máximo compromiso que nos ha traído hasta aquí en la búsqueda de una educación que debe cambiar tal y como nuestro pueblo lo reclama.

 

Por consiguiente, la educación debe ser concebida como una política de Estado y como tal el presupuesto que a ella se le asigne no debe ser menor al 6% del PBI y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el proyecto de país que pretendemos construir. Nuestra máxima aspiración es ver reflejados en la futura Ley de Educación los principios aprobados por este Congreso. Asimismo, todos los aportes recogidos durante el Debate Educativo y en el Congreso, deberán ser referencia ineludible para las autoridades y la sociedad en su conjunto.

 

Saludamos y valoramos el trabajo de todos los protagonistas y colaboradores del proceso de Debate Educativo que ha tenido lugar en todo el país durante 2006 sintetizado en este Congreso, es un hito histórico por su participación plural y compromiso que confiamos continúe más allá de la concreción en el próximo año de la futura Ley”.

 

La Ley de Educación, que se genera, mal interpreta las resoluciones del Congreso Julio

Castro, y como es notorio, cuenta con el rechazo de los colectivos docentes y de los sindicatos de la educación, esta ley apunta al sostener el modelo educativo imperante  mientras que el Congreso apunta a un modelo alternativo, autónomo y cogobernado, que forme un ciudadano libre, crítico y comprometido socialmente.

 

Más acá en el tiempo el Encuentro Popular de Educación plantea, en el mismo sentido y también como proceso de definiciones colectivas, en sus conclusiones finales: “El proceso de participación social desarrollado por este Encuentro es una confirmación clara de la vigencia del compromiso social del pueblo por construir un proyecto educativo con vocación emancipadora. Esta instancia de democracia es fruto de la necesidad de iniciar una actualización del debate educativo llevado en el pasado. Ha reunido sectores de trabajadores de la educación, de trabajadores de los distintos sindicatos del PIT CNT, de estudiantes,  de integrantes del movimiento cooperario que rodea a FUCVAM”.

 

En este proceso, el Encuentro Popular de Educación reconoce como referente ineludible, el fermental experimento creativo de pedagogía popular que fue el Congreso Julio Castro. Aquella formidable demostración de democracia participativa, que posteriormente fue, tristemente despojada, de su potencialidad resolutiva.  El Congreso Julio Castro fue silenciado por algunos y menospreciado y hasta combatido por otros. Sus resoluciones más importantes fueron desoídas particularmente en la ley de educación y el presupuesto vigentes”

 

En parte de su declaración final manifiesta además:

 

“En las actuales circunstancias históricas, donde la educación pública aparece atravesada por múltiples discursos que la ponen como blanco de tiro, con muy cuestionables intenciones, las ignoradas resoluciones aquel congreso ratifican su validez al tiempo que reclaman su profundización para encarar los actuales desafíos. Mientras se amplifican las agoreras voces que declaran la crisis de la educación pública y sentencian su senectud, aparecen, como leones hambrientos, las vocinglerías oportunistas que proclaman con fanatismo por la supuesta eficiencia del mercado, como solución para todos los problemas que se le achacan a la educación pública.

 

Nuevos diminutos dioses aparecen en la vitrina de las soluciones mágicas para decirle al pueblo que su educación pública, laica y gratuita es un proyecto ineficiente y arcaico.

Un monstruo que devora dineros públicos sin dar soluciones. A todos los apologistas del mercantilismo les decimos: La educación es un derecho y no está a la venta. La historia del país está construida dentro de la concepción de educación pública democrática  y plural, que hoy se ve cuestionada en sus aspectos medulares. Como todo hecho político, la educación está signada por contradicciones y relaciones dinámicas. Pero debe constituirse en un elemento liberador y emancipatorio por excelencia y hoy vive la necesidad de tener un proyecto de profundización democrática, participativa, que desde la realidad concreta se proponga formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos con la transformación de la realidad.

 

El Encuentro Popular de Educación concibe la educación como una práctica social responsable, propia de los involucrados en ella, que rompa las ajenidades actuales, regida, entre otros, por los principios de laicidad, obligatoriedad, gratuidad, universalidad, participación, integralidad, autonomía y cogobierno. Un proceso cuya meta es también la igualdad en la diversidad. La Educación es un Derecho Humano inalienable e irrenunciable. El Estado debe garantizar que todos los sujetos puedan acceder a ella durante toda su vida.

 

Concebimos como fines de la Educación Pública:

  • Formar personas libres, de espíritu reflexivo, capaces de comprender la realidad y reconstruir alternativas de vida digna, justa y solidaria.
  • Contribuir a la plena realización de seres humanos integrales apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades individuales y a su inclusión libre y responsable en la comunidad nacional y mundial.
  • Universalizar y democratizar el acceso, permanencia y la producción del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario.

 

“Por todo esto, la educación debe ser concebida como una política de Estado y como tal el presupuesto que a ella se le asigne no debe ser menor al 6% del PBI y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el proyecto de país que pretendemos construir. La instancia de este Encuentro se realiza en medio del desarrollo de un fuerte conflicto de la educación. En él, los sindicatos han estado exigiendo que el gobierno termine el enorme déficit educativo, se ponga en materia de presupuesto a la altura de sus propias declaraciones en las que otorga a la educación un papel central.  La asignación a la educación es muy menor que la de los niveles internacionales y es la menor de la Región. Situación que también fundamenta la profundización del reclamo del mínimo mencionado.  El Encuentro, en este marco, apoya las movilizaciones sindicales y la tarea de los docentes en defensa de la educación y de su salario.”

 

En el VIII Congreso Hebert Nieto planteamos: “En el actual modelo neoliberal, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y el ALCA colocan a la  educación como bien de consumo, como mercancía que  se vende y se compra en un mercado mundial. La educación para el neoliberalismo deja de ser considerada un derecho social de los ciudadanos para convertirse en un  servicio que debe ser provisto por el mercado. La mercantilización de la educación es el objetivo concreto.” Decíamos también “la educación pública debe estar en manos  del Estado, como política de Estado que incluya a todos los sectores de nuestra sociedad, en particular a  los más desprotegidos y tome como referentes a todos  aquellos realmente involucrados con la educación –no secretarías técnicas impuestas desde el poder–, y  deje de ser definitivamente resultado de los acuerdos político partidarios. Todo modelo de educación implica un modelo de país, nuestras convicciones imponen que la actual Reforma  Educativa de pautas economicistas es antagónica con el  proyecto de Uruguay productivo que reivindica el movimiento sindical y apuesta a una educación pública como un espacio privilegiado para el desarrollo del conocimiento, la integración y la identidad nacional”.

 

Es entonces necesario avanzar rumbo a una sociedad más justa, más solidaria y con más y  mejor distribución de la riqueza, generar un modelo educativo alternativo y que persiga otros objetivos, de cara al proyecto de la clase trabajadora, que supere la visión economicista de la educación y la cultura. Un modelo educativo que apueste a la formación integral de un ciudadano libre, que asuma responsablemente los compromisos  derivados de la convivencia democrática tanto sociales, como laborales, como políticos. Este modelo implica, aunque parezca un juego de palabras no lo es, educar desde y no para. Educar desde la solidaridad, educar desde el trabajo, educar desde la justicia, desde la participación, desde el compromiso social es notoriamente diferente a educar “para el trabajo” o “para el mundo del trabajo”.